Para defenderte ante una sanción administrativa necesitarás la experiencia de un abogado especialista en esta rama del derecho. En este caso sobre multas y sanciones administrativas impuestas por COFEPRIS por faltas a la Ley General de Salud.
La administración pública tiene la potestad de imponer multas y sanciones sobre los ciudadanos cuando alguno de estos infringe la Ley. Estas no podrán ser nunca de privación de libertad sino que se limitan a sanciones pecuniarias o imposición de un deber con el objetivo de resarcir el daño causado o con finalidad represora, y se podrán decretar medidas provisionales encaminadas a asegurar la eficacia de las indemnizaciones.
El derecho sancionador administrativo se fundamenta en una serie de principios inalterables:
Principio de legalidad e irretroactividad: las sanciones deben ser por infracciones de leyes formalizadas y no se puede castigar por conductas que no estén tipificadas como delictivas. Por ello no son de carácter retroactivo, es decir, que una ley futura no puede sancionar un hecho sucedido con anterioridad.
- Principio de tipicidad: la administración no puede actuar arbitrariamente sino que la legislación debe marcar bien claro qué y cómo hay que sancionar.
- Principio de prescripción: según la gravedad, pasados tres o dos años, o seis meses, los hechos no castigados dejarán de tener castigo.
- Principio de culpabilidad: debe mediar dolo en la actitud del infractor.
- Principio de presunción de inocencia: el acusado no es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
- Principio de proporcionalidad: el castigo debe ser acorde al hecho que lo ha motivado.
- Principio de non bis in ídem: los mismos sucesos no pueden ser sancionados por vías diferentes. Un hecho punible puede seguir la vía administrativa o la penal, donde la penal tiene preferencia, pero nunca las dos.
Es importante valorar estos principios ya que pueden ser importantes en el momento de que un abogado especialistas prepare los recursos necesarios para presentar ante la administración encargada de impartir justicia.
¿Cuál es el proceso a seguir en una multa administrativa?
El interesado tendrá el derecho de defenderse aportando las pruebas que considere necesarias en descargo de sus actos, y tras ello el órgano competente (que deberá ser diferente al de la fase instructora) ofrecerá las conclusiones del expediente. A grandes rasgos esas son las dos fases principales (instructora y sancionadora) pero previamente un órgano competente debe determinar si las causas son motivo suficiente como para abrir un proceso sancionador e identificar al infractor, a quien se debe informar antes de la tramitación del procedimiento.
¿Qué consecuencias tiene una multa o sanción?
En la mayoría de los casos supondrá el pago de un dinero en concepto de multa, y también la privación de algún derecho. Hay que dejar claro que tanto las personas físicas como las jurídicas pueden verse sancionadas ya que existen multitud de faltas por las que poder ser sancionado: relacionadas con el tráfico, urbanismo, ruido en locales de ocio, fraudes al sistema de la Seguridad Social son solo unas pocas de una larga lista
