Vale la pena explicar que la relación laboral puede terminarse por muchas causas, ya sea que el patrón decida despedir al trabajador o que éste decida irse porque considera que su empleador incurrió en alguna falta, por ejemplo, dejar de pagar el salario.
Ambas partes pueden terminar la relación laboral en cualquier momento pero el demandar o no depende de que estén o no justificadas frente a la ley.
Por supuesto, en un juicio se trata de demostrar quién tiene la razón, así que considera que ambas partes buscarán probar sus dichos ante una instancia legal
El tema de las justificaciones tiene que ver tanto con el trabajador como para el patrón. Porque éste puede creer que tiene una causa para despedir a los trabajadores. El patrón tendrá que defenderse y acreditar la causa pero el trabajador puede ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a tratar de probar lo contrario.
En México, las empresas que son demandadas por un trabajador por despido injustificado, tienen que comparecer ante la Junta Local, preparar los escritos para contestar la demanda, ofrecer pruebas y comparecer en todas las audiencias, las cuales usualmente incluyen el testimonio del (los) representante legal(es) de la empresa, aun cuando la empresa no haya despedido al trabajador o el despido haya sido con razones legales justificadas. La conclusión final será dictada por las Autoridades Laborales después de completadas todas las instancias legales del juicio.
A fin de evitar riesgos, contingencias y gastos para todas las partes envueltas, la Ley Federal del Trabajo estipula que todos los juicios laborales inicien con una audiencia conciliatoria.
En todos los casos, los puntos de partida de la conciliación son el estado económico de las empresas y reunión con el trabajador para discutir su renuncia o despido. En caso de que la empresa haga una oferta al trabajador y dicha oferta sea rechazada, en ese momento, la conciliación dentro del juicio dará inicio con una cantidad no menor a la oferta rechazada, usualmente, más el 50%, considerando que los trabajadores pagan a sus abogados 30% de la cantidad del arreglo como honorarios legales.
